“Todos tenemos que comer. No hay que verificarlo porque se trata de una ayuda para comer”, ha defendido la vicepresidenta
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado los detalles del cheque de 200 euros para ayudar a las familias a la hora de llenar la cesta de la compra. Destinado a la clase media y trabajadora, la vicepresidenta económica ha confirmado que no habrá que demostrar su uso por tratarse de «una ayuda para comer».
Preguntada por ello este miércoles en La Hora de la 1, la máxima responsable económica del Gobierno ha reiterado: «Todos tenemos que comer. No hay que verificarlo porque se trata claramente de una ayuda para comer. No hay que demostrar nada».
El cheque de la cesta de la compra se solicitará a la Agencia Tributaria
El cheque para la cesta de la compra por valor de 200 euros se aprobará para aquellas familias con rentas anuales por debajo de los 27.000 euros, también con un tope de vivienda, como una de las medidas estrella del Gobierno para seguir protegiendo a la clase media en 2023. Calviño ha avanzado que se podrá solicitar a través de la Agencia Tributaria, «de forma muy ágil», entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, y que consistirá en «un pago único»
La ministra ha matizado que, a partir del mes de febrero, se empezará a pedir el número de cuenta en la que ingresar el cheque de 200 euros para hacer la compra. «La Agencia Tributaria es muy eficiente y espero que se pueda empezar a pagar ya», ha respondido esperanzada.
Calviño ha explicado que las medidas para frenar el encarecimiento del precio de los alimentos son de carácter «excepcional», especialmente la rebaja del IVA al 0% para los alimentos de primera necesidad, entre ellos pan, fruta o queso y al 5% para el aceite y la pasta. La reducción del IVA estará vigente hasta junio de 2023 salvo una excepción que ha ratificado la ministra este mismo miércoles: «si la inflación subyacente baja por debajo del 5,5% se recuperaría el IVA más elevado».
Rebaja del IVA a los productos de primera necesidad: «La CNMC va a vigilarlo»
Sobre la rebaja del IVA a los productos básicos de la cesta de la compra, la responsable económica ha reiterado la «obligación para los distribuidores» a la hora de repercutir esta bajada fiscal a las familias españolas y recuerda el papel vigilante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El objetivo de las medidas incluidas en el tercer Real Decreto anticrisis del Gobierno pasa por seguir protegiendo a la clase media y trabajadora. En palabras de Calviño, se trata de «ayudar a esas familias que no se están beneficiando de las revalorizaciones de las rentas con otras medidas», es decir, aquellas «afectadas por la inflación pero sin ver una revalorización de la renta tan importante como los pensionistas».
Por otro lado, la ministra también se ha pronunciado sobre las medidas aprobadas en materia de transporte como la retirada de la bonificación estatal al carburante en general, dejándola solo para el sector del transporte, agricultores, pescadores o navieras. «Ha sido una de las medidas más controvertidas desde el principio», ha reconocido Calviño por considerar que «no ayuda a la transición energética» y «no es una medida progresiva».
La ayuda al transporte quedará así en 20 céntimos por litro de carburante durante el primer trimestre y de 10 céntimos en el segundo trimestre de 2023. La previsión del Gobierno es ir reduciendo la dotación a medida que vaya abaratándose el precio de la gasolina y el gasóleo.
Bonificación al transporte público urbano complementaria a las CCAA
Otra de las medidas incluidas en este Real Decreto anticrisis pasa por mantener la gratuidad del transporte público ferroviario, en Media Distancia, Cercanías y Rodalies, pero también por carretera. Asimismo, Calviño ha reiterado las condiciones para que el Gobierno pueda materializar la bonificación al transporte público urbano e interurbano: que los ayuntamientos y comunidades autónomas colaboren.
El Ejecutivo ha anunciado una bonificación del 30% en aquellas comunidades o municipios donde las autoridades competentes cumplan con la condición de aportar una rebaja del 20% adicional para reducir a la mitad el precio del viaje.
Un mensaje que ha ratificado la vicepresidenta económica con una clara intencionalidad: «No me puedo imaginar que una comunidad autónoma que tenga a sus ciudadanos en mente no quiera bonificar el transporte público a sus ciudadanos. Si tiene en mente ayudar a los ciudadanos, dudo que deje de aprovechar esta bonificación».
